Unión Nacional Sinarquista

Por un México más justo y humano

De Ayotzinapa a Guatemala y de regreso Manuel Gómez Granados

De Ayotzinapa a Guatemala y de regreso

Manuel Gómez Granados

 

Estos días de septiembre han sido de los más difíciles para quienes deseamos que en México la justicia vaya de la mano con el respeto a los derechos humanos. El informe de la Comisión Internacional de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa (CIEI-Ayotzinapa) confirmó lo que muchos sospechábamos: la versión oficial del paradero de los estudiantes de la normal Isidro Burgos no tiene suficiente sustento.

 

No es un caso aislado. Hay al menos cinco masacres más en las que no se sabe qué ocurrió. Está San Fernando, Tamaulipas, donde murieron migrantes; está Tlatlaya, donde murieron residentes de esa pequeña comunidad del Estado de México; están Aquila y Ecuándureo, ambas comunidades rurales de Michoacán, así como la colonia Narvarte de la ciudad de México. En todas ellas, el primer impulso de las autoridades federales o de los estados involucrados no ha sido hacer justicia, sino asignar la culpa a alguien. Lo han hecho por razones difíciles de entender: quieren preservar una noción muy heterodoxa de confianza y respeto a las instituciones que sólo logra lo opuesto: una creciente desconfianza, falta de respeto, además de miedo y repulsa al trabajo de las autoridades.

 

No somos el primer país que padece estas situaciones. Guatemala se convirtió en un camposanto en los ochenta. Como ocurre en México desde hace una década, los asesinatos y las masacres eran cosa común. La situación fue tal que derivó en una guerra civil que obligó a muchos guatemaltecos a salir de su país. Algunos encontraron refugio en México. La creación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico en 1994 y la desmovilización de la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca en 1996, implicaron avances para crear un Estado democrático de derecho, pero la realidad es que años después, la situación era mala y podía empeorar. Fue así que en 2006 se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que —gracias a una agenda de reformas—permitió descubrir el saqueo que presuntamente el ex presidente Otto Pérez Molina realizaba desde el sistema de aduanas.

 

Todavía estamos a tiempo de evitar que empeoren en México. Sin embargo, no podremos lograrlo si las autoridades responsables de la administración y la procuración de justicia están motivadas, como lo demostró el informe de la CIEI-Ayotzinapa por la cerrazón y la búsqueda de algún tipo de impunidad. La impunidad no es exclusiva de los civiles y la Policía Federal. Las autoridades militares también han seguido esa lógica en el caso Tlatlaya.

 

Si algo tendríamos que aprender de la historia de América Latina es que las democracias que son incapaces de ofrecer bienes a sus ciudadanos, como ocurrió en los noventa con Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Ecuador, corren el riesgo de caer en manos de líderes populistas. El PAN y el PRI parecen tener claro el riesgo, pues hablan de ello a diario. Sin embargo, no asumen la responsabilidad de evitar que surjan esos populismos. En Venezuela en los noventa, la corrupción galopante —le llamaban cogollo— de Acción Democrática y COPEI, aparejada con la impunidad de la que gozaban militares de alto rango, funcionarios y dirigentes de ambos partidos, hicieron posible e incluso deseable la llegada de Hugo Chávez. Infundir miedo en la población para evitar un desenlace similar no va a resolver las cosas en México. Debemos actuar en serio y pronto para acabar con la impunidad. Si nuestros políticos se escudarán en el pretexto de “la soberanía” para negar la posibilidad de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en México, deberían acordar una solución propia a la brevedad. El tiempo se acaba.

 

manuelggranados@gmail.com

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Esta entrada fue publicada el 15 septiembre, 2015 por en ARTÍCULOS.
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